La diputada Marcela Pagano amplió la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al incorporar nuevos elementos vinculados a una supuesta propiedad no declarada en un country de Exaltación de la Cruz. Según el comunicado difundido, se trataría de una vivienda de dos plantas que no figura en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

El caso reaviva el debate sobre la transparencia en la función pública y la necesidad de controles efectivos sobre los funcionarios. En un país con una larga tradición de demandas sociales por mayor equidad y rendición de cuentas, estos episodios refuerzan la importancia de organismos de control fuertes y de una política comprometida con la ética pública, pilares que históricamente formaron parte de las banderas de los proyectos orientados a la justicia social.